A la espera de las reformas de fondo para el crecimiento Dante Sica

La estrategia gradualista elegida por el Gobierno está dando los frutos: la actividad crece a un ritmo interesante.


Desde hace varias semanas, la economía viene dando una buena noticia tras otra. La estrategia gradualista elegida por el Gobierno está dando los frutos que se ansiaban cosechar: la actividad crece a un ritmo más que interesante, la inversión se transformó en el principal motor de la economía, los ingresos reales ya recuperaron casi todo lo perdido en 2016, la desinflación marca tendencia y el frente fiscal muestra una leve mejora después de años y años de un persistente deterioro.

Si bien estas buenas noticias tardaron en llegar más de lo deseado, la alternativa de “shock” encerraba un riesgo que pocos estaban efectivamente dispuestos a correr. En un contexto de una incipiente acumulación de capital político por parte del gobierno, con un proceso recesivo en marcha y una delicada situación social, el camino del ajuste drástico podría haber resultado peor que la enfermedad.

Ahora bien, el gradualismo debe resignificarse para esta nueva etapa. En su evolución, debe integrar las reformas de fondo que la economía necesita para emprender un proceso de crecimiento sostenible en el tiempo. En términos simples, el gobierno necesitará hacer uso de otras herramientas para que la economía no quede sin combustible a mitad de camino. En este sentido, 2018 será un año fundamental para avanzar en esta agenda no sólo porque los ojos dejarán de estar puestos en una contienda electoral sino porque, esencialmente, los mercados globales y los inversores decidirán sus próximas jugadas por el país, una vez que a las intenciones y a las señales les sigan acciones auténticas.

Para quebrar nuestra historia de inestabilidad constante y cortar de raíz el péndulo que nos ha llevado de manera errática de políticas aislacionistas a otras exageradamente aperturistas, el gobierno deberá atacar conjuntamente problemas estructurales de la economía argentina en al menos, tres frentes: el fiscal, el externo y el monetario. El déficit fiscal primario cerrará 2017 en un nivel equivalente al 4% del PBI mientras que el financiero (incluyendo intereses sobre la deuda) alcanzará el 6,1%, y recordemos que este año se contó con la ayuda del blanqueo de capitales. Intensificar los esfuerzos en cerrar esta brecha fiscal es una condición sine qua non para estabilizar la economía debido a que todas las vías de financiamiento, ya sea emisión de dinero o deuda, tienen tarde o temprano efectos disruptivos que atentan directamente contra el crecimiento.

En el proyecto de Presupuesto Nacional presentado en el Congreso, el gobierno ratificó que buscará reducir el déficit primario a 3,2% del PBI en 2018, delineando un horizonte de consolidación fiscal relativamente gradual, pero que indudablemente resulta un desafío considerable. Por el lado de los ingresos, la administración nacional resignará recursos por la baja de retenciones a las exportaciones de la soja, la devolución de un 3% de la coparticipación a las provincias y ya no contará con ingresos por el blanqueo. Por el de los gastos, buena parte crecerá bastante por encima de la inflación como la Seguridad Social (por Ley de Movilidad y Reparación Histórica), el gasto social y la obra pública. De esta manera, el esfuerzo se concentrará en la quita de subsidios y en la disminución real de las transferencias a las provincias mientras se espera que la reactivación de la economía apuntale los ingresos fiscales. La otra batalla se dará a través de un paquete de leyes que incluye el proyecto de Responsabilidad Fiscal que busca congelar en términos reales el gasto primario de Nación y provincias y la reforma tributaria que incluiría el compromiso de las administraciones del interior de bajar alícuotas de ingresos brutos y derogar sellos, además de reducir algunos impuestos de carácter nacional. Esta causa se jugará en el ámbito político, donde el gobierno deberá trabajar arduamente para lograr consensos, sobre todo con gobernadores reacios a sacrificar recursos.

En el frente externo, los desafíos tampoco son menores. El propio crecimiento presionará las cuentas externas, más aún si se tiene en cuenta que Argentina posee un deterioro de la balanza comercial muy considerable, estimado en – USD 6.800 millones para este año. De ahí que la mejora de la competitividad sistémica debe volverse una obsesión no sólo para el empresariado y el gobierno, sino que también para la clase trabajadora. Debe quedar claro que cuando se habla de competitividad no se está haciendo referencia a los costos salariales sino que se trata de temas tales como regulaciones, productividad, infraestructura y costos logísticos, ente otros.

Por último, la ardua tarea de la desinflación que lleva adelante el BCRA se verá amenazada por la continuidad en el ajuste de tarifas y por una demanda que ya comienza a pujar significativamente. En este contexto, resulta poco probable que la inflación en 2018 pueda descender al 12% como así lo desea la autoridad monetaria. 2018 será el año más importante para la gestión. En el tablero deberán moverse estratégicamente las piezas políticas para que gane la economía. El camino por recorrer es sinuoso y está lleno de obstáculos. Ojalá podamos decir, en algunas pocas décadas, que valió la pena intentarlo.